Claudia Rodríguez León
Foto tomada de la Internet
Sumario:
Las cuentas por cobrar y pagar no solo demuestran fisuras en el sistema de
control empresarial, sino que contradicen las orientaciones de la dirección
central del Estado en correspondencia con las regulaciones dispuestas por el
Banco Central de Cuba, desde mediados de los años noventa, para restablecer la
disciplina financiera en el país.
Una
vez más puede quedar sobre el papel impreso la esencia de un excelente artículo
que aborda el escabroso tema relacionado con el saneamiento de las finanzas
internas. Bajo el crédito de la periodista Sheyla Delgado Guerra (publicado el
viernes 29 de junio de 2012, en el periódico Granma) el texto enumera una serie de argumentos planteados en la
buscar soluciones _ya legisladas y contempladas en el sistema bancario cubano_
para resolver las cuestiones de la indisciplina financiera que involucra a
empresas de subordinación estatal en el inexplicable proceso de las cuentas por
pagar y cobrar.
La
articulista hace mención a una reunión del Consejo
de Ministros donde se constató que, hasta
el cierre de junio del 2011, el Organismo de la Administración Central del
Estado (OACE) con más cobros por efectuar vencidos en su sistema empresarial
era el Ministerio de la Agricultura (MINAG),
con 892 millones 800 mil
pesos y —a su vez— el segundo del país en las cuentas por pagar atrasadas, con
un monto aproximado de 700 millones (CUP).
Una cifra alarmante si tenemos en cuenta la vulnerabilidad de
las producciones agrícolas en cuanto a la necesidad de insumos, imprescindibles
para algunos cultivos y que deben ser adquiridos en el mercado exterior, además
de los cambios e incidencias climatológicas, factores que influyen tanto como
los errores cometidos por cuestiones humanas asociadas a deficiencias,
insuficiencias y otros de índole subjetivo en cuanto a las decisiones a tomar
en cada caso.
Pero no se justifica que no constituya asombro (de estos
números) tan solo porque las empresas de la Agricultura exhiben los mayores “números” en este sentido, pues
son ellas precisamente (de forma general) las que registran mayores volúmenes
en la venta de productos y en la compra de insumos, y no ha existido una
responsable y exigente disciplina contable. Lo preocupante está en que la
tierra —o mejor, los cultivos— necesitan atención todos los días y cualquier
dilación en los pagos a una empresa, activa una compleja cadena de adeudos que
involucra a numerosas entidades y, en definitiva, puede atentar contra la garantía
de la producción de alimentos.
Es precisamente esta cadena de impagos la que resulta
improcedente porque el banco posee las herramientas o regulaciones que le
permite a las entidades evitar los impagos interempresariales sin que conlleve
a una renegociación para facilitar nuevos créditos; a pesar de los riesgos
implícitos en los millonarios débitos contraídos por estas personas jurídicas
sin capacidad demostrada para solucionar sus problemas financieros.
Recuerdo que apenas se menciona el Proceso de Perfeccionamiento
Empresarial y que llevó al análisis exhaustivo de las entidades que aspiraban a
la certificación correspondiente y, en consecuencia, el apoyo de los
trabajadores porque sus intereses estaban representados directamente en las
ganancias de las producciones reportadas.
Según la articulista en el mes de octubre del 2011 volvió a dirigir la mirilla del Consejo de
Ministros hacia el análisis de esta situación, con el “lente” enfocado sobre todo
en las causas que habían generado tales descalabros en diferentes
organismos, y a partir de
ahí se aprobó la implementación de un conjunto
de medidas —de carácter
interno en el nivel empresarial y otras adoptadas
por las instituciones
bancarias y financieras— en aras de revertir el lamentable
panorama, comentó (…) Manuel
Agüero Suárez, director de Finanzas
del MINAG.
Seguidamente expone cuestiones más que discutidas en diferentes
momentos y con tendencia a no encontrar respuestas halagüeñas si las entidades
_que afectan la economía nacional_ no cumplen primero con la regularización de
sus correspondientes deudas, antes de ser analizadas para recibir los créditos
bancarios. No al revés. O sea no hacer concesiones que conduzcan al
acomodamiento por decirlo de otra manera al tener en cuenta (sus directivos) la
posición del Estado para impedir, por una cuestión lógica, el incremento de sus
deficiencias financieras.
En sus declaraciones el director de finanzas del MINAG, informó
acerca de la realización, en todo el país, de un proceso de conciliación entre deudores y acreedores de estas cuentas
por cobrar y pagar y las que pasen de 60 días deberán ser “documentadas”
porque, en ese río revuelto de impagos es imposible detectar y enfrentar cualquier presunto hecho delictivo que se esconda
“tras bambalinas”.
¿Quién paga realmente por estas deficiencias? Por supuesto que
la economía nacional. Es por esa razón que enfatizaré en la necesidad de poner
algunas cuestiones sobre el tapete en la
segunda parte del análisis que llevaré a este blog, a partir del importante artículo de la
periodista Sheyla Delgado Guerra. Por demás, recoge la esencia de las palabras del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Rúz _en el Acto Central por el Aniversario 59 de los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes (celebrado en Guantánamo)_ cuando se refirió a la necesidad de trabajar con eficiencia y cumplir cada cual desde su puesto de labor con lo que le corresponde.
