lunes, 30 de junio de 2014

Los cambios en Cuba implican el perfeccionamiento de la estructura de administración en el país.




Concluso para sentencia juicio del caso Tok­makjian.


 
La información relacionada con el resultado del proceso judicial, conocido por caso Tokmakjian, demuestra las consecuencias de los errores generados dentro del sistema empresarial cubano –cuando no se establecen los controles imprescindibles (en todos los niveles administrativos) para evitar violaciones jurídicas, evasión de las regulaciones estatales- y, específicamente, en las relaciones con entidades foráneas.
La puesta en vigor de una nueva Ley para las inversiones extranjeras en Cuba, manifiesta la voluntad del gobierno en función de buscar ingresos de divisas mediante el comercio de bienes y servicios.
                                                                                        
Así lo publica el sitio digital Cubadebate:

Concluso para sentencia juicio del caso Tok­makjian

Durante los días del 9 al 21 de junio del presente año, se realizó por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana, el juicio oral y público por los delitos de Cohecho, Actos en Perjuicio de la Actividad Eco­nómica o de la Contratación, Fal­sificación de Documentos Ban­carios y de Comercio, Es­tafa, Trá­fico de Divisas y Evasión Fiscal, contra los empresarios canadienses Vahe Cy Tok­makjian, Marco Vinicio Puche Rodríguez y Clau­dio Franco Vetere.
La Fiscalía General de la Re­pública acusó a Vahe Cy Tokmakjian de utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener be­neficios en las negociaciones con entidades cu­banas, provocando afectaciones considerables a nuestra economía; realizar sin la autorización correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer del país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir sus obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones monetarias a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por entidades nacionales.
Además, fueron acusados los exdirectivos cubanos pertenecientes al extinto Ministerio del Azúcar, Nelson Ricardo Labrada Fer­nán­dez (exviceministro); Ma­nuel Her­iberto Fer­nández San­tiesteban, Leonardo Fidel Del­gado Dorta, Jorge Luis Machado Pérez y José René Rubio Escobar; del  exMinisterio de In­dustria Básica, Alberto Cirilo Pantón Grahan (exdirector general de Cu­baníquel), Ernesto Gómez Cum­plido (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.) y Fidel Penín Oliva; así como Jorge Luis Melo Reyes, exdirector de la Asociación Eco­nómica Internacional CISTUR del Ministerio de Turismo.
También se imputaron hechos delictivos contra Edmundo Javier Cabrera Díaz, An­tonio Gilí González, Boris Ernesto Barber Ve­lis, Armando Enrique Martínez Ganfo y Elsa Fer­nández Proenza, quienes ocupaban diferentes responsabilidades en la Sucursal Tok­makjian Group en Cuba.
La Fiscalía interesó la comparecencia en el proceso penal como terceros civilmente responsables, a las compañías extranjeras Tok­makjian Group Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian International Inc.
En el juicio oral se examinaron las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas documentales, testificales y de los peritos de la Contraloría General de la República, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio de Comercio Ex­terior y de la Inversión Extranjera. Los acusados y las compañías que comparecieron como terceros ci­vilmente responsables, contaron con todas las garantías para el ejercicio de la defensa y sus abogados propusieron las pruebas y expusieron los argumentos que consideraron necesarios.
El Fiscal, en su informe final interesó para Nelson Ricardo Labrada Fernández y Vahe Cy Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de privación de libertad, respectivamente, y para el resto de los acusados entre 8 y 12 años de privación de libertad.
La Fiscalía solicitó al Tribunal, además, disponer la obligación de los acusados de abonar más de 91 millones de dólares que como daño económico causaron a varias entidades cubanas y a la Administración Tributaria, los que interesó sean retribuidos, en parte, con los bienes y dinero ocupados durante el proceso investigativo a Vahe Cy Tokmakjian y a las mencionadas compañías.
El Tribunal declaró el proceso concluso pa­ra sentencia y pronunciará su decisión en los próximos días.