sábado, 18 de agosto de 2012

Ecuador mantiene su meridiano


Caso Assange

Claudia Rodríguez León

Sumario: La amenaza explícita del gobierno británico contra Ecuador demuestra la posición de fuerza asumida por una nación en contra de todos los preceptos y regulaciones internacionales que se establecen en el caso de las decisiones soberanas de los estados.


Prueba de la firme y meridiana posición asumida por el gobierno de Ecuador, los cancilleres de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) analizarán, este fin de semana, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la “amenaza” británica denunciada por Ecuador en torno al caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Desde hoy sábado se reunirán los representantes de las naciones del ALBA, mientras que la jornada de análisis del domingo está prevista para UNASUR, según confirmó el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores.
En ambas reuniones el tema de la agenda se concentra el “Análisis de la situación generada a propósito de la solicitud de asilo al señor Julian Assange en la Embajada de Ecuador en la ciudad de Londres” y la expresión del gobierno británico e Irlanda del Norte, para asaltar la sede diplomática y arrestar por la fuerza al señor Assange, una operación que implicaría serias consecuencias a nivel internacional.
Por otra parte, ha sido convocado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que aprobó la propuesta de Ecuador para realizar, el próximo viernes 24, a las 11:00 horas en Washington (la misma hora en Cuba) una reunión de cancilleres sobre la situación de tensión creada por el Reino Unido e Irlanda del norte en el caso Assange y la solicitud de asilo a Ecuador.
El Gobierno de Ecuador, a través del presidente, Rafael Correa, ratificó conceder, después de casi dos meses de análisis sobre bases jurídicas, el asilo a Assange por considerar que no ha recibido garantías de Reino Unido ni de Suecia de que no será extraditado a Estados Unidos, donde el creador de WikiLeads considera que podría ser condenado hasta con la pena de muerte por haber filtrado cables diplomáticos que disgustaron a Washington.
El fundador de WikiLeaks se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres el 19 de junio pasado, tras burlar un arresto domiciliario y para evitar su extradición a Suecia. En este sentido el mandatario ecuatoriano declaró: “El factor fundamental por el que se le ha otorgado el asilo diplomático al señor Julian Assange es porque no se garantizó su no extradición a un tercer país, jamás para tratar de interrumpir las investigaciones de la justicia sueca sobre un supuesto delito”. “No hay garantías de que no se lo extradite (…) Ni siquiera está acusado, recién lo están investigando”, aclaró Correa. Incluso, recordó que su gobierno le ofreció las facilidades al fiscal sueco para que acudiera a la Embajada en Londres con el propósito de entrevistar al señor Assange, pero las autoridades judiciales del país escandinavo se negaron.
El ataque aéreo en Bagdad del 12 de julio de 2007, Diarios de la Guerra de Afganistán y los Registros de la Guerra de Iraq, son algunas de las revelaciones que exponen delitos consentidos por el Pentágono. Sin embargo, ¿habría que preguntarle a Washington y sus aliados si todas esas verdades no se corroboran en el genocidio realizado sobre los pueblos de Iraq, Afganistán y recientemente en Libia?  Estas verdades irrefutables no solo son públicas, sino que la propia campaña mediática de la coalición imperial condiciona estos ataques.

Conexión mediática implica directamente a Washington



Claudia Rodríguez León 

Foto tomada de la Internet

Sumario:   El 8 de septiembre de 2006, el diario The Miami Herald, demostró la existencia de contratos que prueban la profunda conexión entre el gobierno de Washington y periodistas implicados en crear un estado de opinión desfavorable en el caso de los Cinco Héroes cubanos prisioneros, en cárceles norteamericanas, por monitorear la actividad de grupos de la mafia cubano-americana que realizan acciones terroristas contra Cuba.


Miles de páginas relacionadas con los contratos establecidos por el gobierno de Estados Unidos prueban que el Buró de Radiodifusión del Gobierno y la agencia federal que dirige la ilegal Radio y TV Martí, empleó a un equipo de reporteros vinculados con el ala derecha de Miami para lanzar una campaña mediática en el caso del juicio amañado que llevó a prisión a los Cinco Héroes cubanos infiltrados en grupos de acciones terroristas contra la Mayor de las Antillas.
Estos aspectos serán tomados por el abogado Martin Garbus, en defensa de Gerardo Hernández,  el 20 de agosto, como un recurso que apoya la figura jurídica denominada hábeas corpus y en la cual se exige el derecho de Hernández a comparecer ante un juez para que resuelva si su arresto fue legal, informó la página digital del Comité Nacional por la Liberación de los Cinco.
El gobierno de Estados Unidos desembolsó cerca de un millón de dólares a 27 periodistas con el objetivo de crear las condiciones mediáticas que permitieran confundir a la opinión pública estadounidense en relación con el derecho de los Cinco Héroes a informar de actividades terroristas contra Cuba sin que ello represente una intromisión en las cuestiones relacionadas con la seguridad del territorio norteamericano a menos que Washington, como se ha demostrado, utiliza las acciones de estos grupúsculos de mafiosos con el objetivo de atacar a Cuba.
Según informó el sitio digital Cubadebate, la defensa del antiterrorista cubano Gerardo Hernández Nordelo, prisionero en Estados Unidos, presentará el lunes ante la Corte Federal del Distrito de Miami, Florida, una nueva petición para que su condena sea revocada.
En un texto de 90 páginas existen suficientes elementos que implican al Gobierno estadounidense de ahí la posición reiterada que asume la Casa Blanca para burlar la propia Constitución del país al incurrir en mala conducta debido al pago de periodistas, en Miami, durante el juicio realizado en 1998, para influir negativamente en el resultado.
En el caso de que la jueza Joan Lenard no revoque la condena de Gerardo Hernández, el recurso legal solicitará la difusión de documentos oficiales que, a su juicio, demuestran la existencia de esos pagos que indican la evidencia de un acto de mala fe, por parte del gobierno, para garantizar una operación ilegal y secreta en el proceso de los Cinco Héroes cubanos. De acuerdo con el documento, cada dólar de cada artículo, imagen, radio o televisión que se gastó en este programa secreto viola la integridad del juicio y la propia Constitución norteamericana por interferencia en el condicionamiento forzado de la opinión pública durante la ejecución de un proceso jurídico.
Hernández, junto a Fernando González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y René González, conocidos mundialmente como Los Cinco, cumplen largas condenas en Estados Unidos por monitorear las acciones terroristas de grupos anticubanos asentados en el sur de Florida. Gerardo purga las condenas más severas: dos cadenas perpetuas y 15 años de privación de libertad.