Claudia Rodríguez León
Foto tomada de la Internet
Sumario: La demanda de una filial norteamericana perteneciente a una
empresa brasilera ha puesto sobre brasas la extraterritorialidad de una ley
anticubana aprobada por Washington y ahora convertida en boomerang en el estado
de Florida.
El pleito de una filial de la empresa brasileña Odebrecht _especializada en obras de ingeniería y
conglomerado de construcción_ , radicada en Coral Gables, Florida, ha
descubierto una de las fisuras boomerang al resultar sancionada por una de las
leyes extraterritoriales que aprobara el gobierno norteamericano contra Cuba
La filial de Odebrecht, demandó a la Florida por aprobar una nueva ley en
la cual se prohíbe la contratación de empresas que mantienen vínculos comerciales
con Cuba.
En su acusación _presentada en la corte federal de Miami (donde fueron
sentenciados injustamente Cinco Héroes cubanos por luchar contra el terrorismo,
desde los grupos de la ultraderecha que apoya la Casa Blanca_, sostiene que
esta ley es inaplicable e inconstitucional porque establece la política
exterior, una facultad que según han dictaminado los tribunales, pertenece exclusivamente
al gobierno federal.
Por supuesto, el pleito de Odebrecht no será ganado, mucho menos en la
Florida: estado que garantiza la aspiración de cualquier candidato a la
presidencia de Estados Unidos y donde es conocida la presión de los
congresistas de origen cubano Ileana Ros Lethinen y Lincoln Díaz-Balart, entre otros
reconocidos por su apoyo a las actividades criminales y el recrudecimiento del
bloqueo contra la Mayor de las Antillas.
En su esencia la nueva la ley floridana es una reiteración de la guerra no
declarada del gobierno norteamericano contra Cuba, de hecho prohibiría _a las
agencias gubernamentales estatales y locales_ la adjudicación de contratos por
valor de al menos un millón de dólares a Odebrecht Construction, Inc. (entre
otras empresas) debido a que una filial de su matriz trabaja en el puerto
cubano del Mariel, ubicado a una hora de distancia del centro de la capital
cubana y caracterizado por sus condiciones geográficas para la entrada de
grandes cargueros, la amplitud de áreas de almacenamiento y zonas francas que
posibilitarán multiplicar el comercio de la Isla con las naciones del ALBA (en
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe).
Ya mucho antes, el escándalo de esta ley, fue generado por el gobernador
Rick Scott quien causó el revuelo cuando, el pasado mes de abril, firmó la ley extraterritorial
floridana durante una ceremonia realizada en la Torre de la Libertad de Miami.
No obstante, y después de la fanfarria anticubana, sugirió que tal “regulación jurídica” es inconstitucional. De esta manera
salomónica se retractaba al explicar que apoyaba la nueva regulación contra
Cuba y su gobierno la defendería frente a una probable impugnación legal, como
ocurrió en el caso de la demanda de Odebrecht Construction, Inc.
Por su parte, el senador René García, de Hialeah, uno de los dos republicanos
de Miami-Dade, dijo que el tribunal debe respetar la ley porque “No se trata de
política exterior. Yo lo veo como un asunto de derechos de los estados. Tenemos
derecho a decidir con quién queremos hacer negocios”.
Sin embargo, en su demanda, la Odebrecht sostiene que las leyes federales
“no autorizan a los estados a imponer sus propias sanciones contra Cuba”.
Advierte que la compañía no tiene contacto directo con la COI Overseas Ltd., la
empresa que trabaja en el puerto del Mariel y pertenece a Odebrecht S.A., con
sede en Brasil. “Ni la filial cubana ni la empresa matriz operan en la Florida”,
dice la demanda.
Por su parte, Odebrecht está buscando una medida cautelar para prohibir la
aplicación inmediata de la ley, dijo el abogado de la compañía, Raoul Cantero,
un ex magistrado de la Corte Suprema de la Florida que ahora es socio de la
firma de abogados White & Case, de Miami.
En la foto: La ampliación y dragado del puerto de Mariel pudiera convertirlo en una de
las áreas portuarias más importantes de la región.
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