Obama legitima el penal de la vergüenza a los diez
años de su apertura
8 Enero 2012
Por Francesc
Peirón
La Vanguardia, España
Hay
aniversarios que se festejan, otros que se lloran, que emocionan. Los hay que
sonrojan.
“He oído
cosas aquí que me recuerdan a los nazis. Esto no es EE.UU., al
menos no es la América que yo soñé”.
El
comentario surge del público que asiste a un acto del Centro por los Derechos
Constitucionales (Center for Constitucional Rights) en el Brecht Forum de Nueva
York. Una más de las citas con vistas al 10.º aniversario -el
miércoles- de la apertura del centro de detención de Guantánamo,
símbolo de la vulneración de los derechos humanos durante la Administración de
George W. Bush tras los atentados del 11-S.
Barack
Obama, su sucesor en la Casa Blanca, no sale mejor parado en las opiniones
expresadas en este púlpito de la izquierda estadounidense. Les ha defraudado.
El 22 de febrero del 2009, a los dos días de arrancar su mandato, firmó un
decreto presidencial que obligaba a cerrar “no más de un año después de la
fecha de esta orden”, el penal ubicado en la base naval que EE.UU. abrió en
Cuba en 1903.
La promesa
caducó en febrero del 2010. Siguen ahí 171 personas, sin que se les formulen
cargos ni hayan sido puestas a disposición judicial. De todos los presos, el
Departamento de Justicia consideró en el 2010 que “sólo” 48 deben permanecer en
prisión indefinida sin opción de ir a un tribunal. La medida se justifica bajo la
apelación de documentación secreta, vetada, porque supondría dar publicidad a
información restringida. No son pocos los que, tras ese planteamiento, no ven
más que un eufemismo para ocultar una acción desproporcionada que carece de
motivación legal. De una población de 779 residentes que llegó a haber, unos
600 fueron liberados de la misma manera que los detuvieron. Según datos de
diversas organizaciones, sólo seis han recibido condena o la han pactado tras
comparecer ante una comisión militar.
Entonces, cuando
se conoció ese informe del Departamento de Justicia, había 196 detenidos,
bastantes en régimen de aislamiento. Escasamente una veintena han conseguido
abandonar el recinto en estos casi dos años. Hoy, de los 171 que quedan, a 89
se les ha aprobado la transferencia a su casa o un tercer país. Pero siguen en
la isla. La Administración carece de prisa por acabar, en la mayoría de los
casos, con diez años de confinamiento.
“Mi abuela
me preguntó qué hacía yo trabajando en un lugar donde encarcelan a musulmanes”,
confiesa Ramzi Kassem, de origen libanés, profesor de la Escuela de Derecho de
la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y defensor desde el año 2006
de una docena de detenidos. Ha viajado 40 veces a Guantánamo, al principio cada
dos meses. “Viví en Iraq, en Siria, en Jordania, países donde vi cosas de
regímenes totalitarios que también estoy viendo aquí”. Kassem entiende y
justifica el desengaño con el presidente Obama, cuya elección en noviembre del
2008 incluso la celebró “la gente invisible” del penal de la vergüenza. Sin
embargo, y según este abogado y profesor, el presidente demócrata se ha
atrevido a ir más allá que el republicano.
“Obama no
sólo ha incumplido su promesas, sino que ha mantenido las políticas de Bush y
las ha expandido al hacerlas permanentes. Ha dado sentido de normalidad a
medidas que se supone que eran excepcionales”.
En esta línea, remarca, el presidente rubricó el primer día del año la
acta de autorización de defensa nacional. Esta medida permite, entre otras, la
detención, sin juicio, de supuesto sospechosos de pertenecer a Alqaeda o
aliados. Esta autorización refuerza la aprobada después del 11-S.
Amnistía
Internacional ha elaborado un documento para el décimo aniversario de
Guantánamo cuyo título evidencia la denuncia: Una década de daño. No habían
pasado ni dos meses de la orden de George W. Bush cuandop sus asesores le
presentaron “la localización apropiada” para mantener encerrados a los
detenidos en la guerra contra el terror.
Allí
enviaron a todos aquellos -algunos después de pasar por otro lugar para la
infamia: Bagram, en Afganistán- que el Gobierno calificó como “lo peor de entre
lo peor”. No tenían nombre. Simplemente se les consideraba “enemigos
combatientes”. A ninguno se le dio la oportunidad de defenderse. Los soldados
estadounidenses capturaron a un porcentaje mínimo. La mayoría acabó detenida
por chivatazos de lugareños, que recibieron una gratificación económica.
Tuvieron que
pasar dos años para que, previa orden del Tribunal Supremo, se les reconociera
el derecho a recibir la atención de un abogado. Los “encarcelamientos
ejecutivos” de Bush no podían impedir la asistencia jurídica. El conflicto no
acabó ahí,Washington prosiguió pleiteando para tratar de cerrar esa puerta. El
máximo tribunal zanjó el asunto en el 2008.
Pese a esa victoria, los detenidos han seguido residiendo en un limbo legal.
Obama hizo campaña en contra del penal y el propio Bush empezó a ver las cosas
de otra manera con el tiempo.
En sus
memorias, publicadas en el 2010, defiende la apertura del presidio en
Guantánamo. Pero matiza que, al iniciar su segundo mandato en el 2005,
comprendió que “se había convertido en un arma de propaganda para los enemigos
y una distracción para los aliados”. Su apuesta era la de encontrar la mejor
manera que condujera a su cierre.
Guantánamo
continúa y como reconoce Ramzi, “no se vislumbra el final”. Obama ha incumplido
su promesa. Fracasó en su intentó -porque se lo bloqueó el Congreso- de
trasladar a los detenidos a territorios estadounidense. Ni siquiera ha logrado
que el autoproclamado cerebro del ataque a las Torres Gemelas, Jalid Sheij
Mohamed, sea juzgado por un tribunal civil en Nueva York.
“La
administración Obama dice que no es por su culpa, que si los republicanos, que
si esto, que si lo otro. pero el problema es Obama, que debería llevar a esas
personas a juicio a liberarlas”, sostiene Leili Kashani, del Center for
Constitucional Rights. “Es inaceptable -proclama-, como lo es que haya
incrementado el bombardeo con los drones”.
En la foto marines orinando sobre talibanes muertos
Obama legitima el penal de la vergüenza a los diez
años de su apertura
8 Enero 2012
Por Francesc
Peirón
La Vanguardia, España
Hay
aniversarios que se festejan, otros que se lloran, que emocionan. Los hay que
sonrojan.
“He oído
cosas aquí que me recuerdan a los nazis. Esto no es EE.UU., al
menos no es la América que yo soñé”.
El
comentario surge del público que asiste a un acto del Centro por los Derechos
Constitucionales (Center for Constitucional Rights) en el Brecht Forum de Nueva
York. Una más de las citas con vistas al 10.º aniversario -el
miércoles- de la apertura del centro de detención de Guantánamo,
símbolo de la vulneración de los derechos humanos durante la Administración de
George W. Bush tras los atentados del 11-S.
Barack
Obama, su sucesor en la Casa Blanca, no sale mejor parado en las opiniones
expresadas en este púlpito de la izquierda estadounidense. Les ha defraudado.
El 22 de febrero del 2009, a los dos días de arrancar su mandato, firmó un
decreto presidencial que obligaba a cerrar “no más de un año después de la
fecha de esta orden”, el penal ubicado en la base naval que EE.UU. abrió en
Cuba en 1903.
La promesa
caducó en febrero del 2010. Siguen ahí 171 personas, sin que se les formulen
cargos ni hayan sido puestas a disposición judicial. De todos los presos, el
Departamento de Justicia consideró en el 2010 que “sólo” 48 deben permanecer en
prisión indefinida sin opción de ir a un tribunal. La medida se justifica bajo la
apelación de documentación secreta, vetada, porque supondría dar publicidad a
información restringida. No son pocos los que, tras ese planteamiento, no ven
más que un eufemismo para ocultar una acción desproporcionada que carece de
motivación legal. De una población de 779 residentes que llegó a haber, unos
600 fueron liberados de la misma manera que los detuvieron. Según datos de
diversas organizaciones, sólo seis han recibido condena o la han pactado tras
comparecer ante una comisión militar.
Entonces, cuando
se conoció ese informe del Departamento de Justicia, había 196 detenidos,
bastantes en régimen de aislamiento. Escasamente una veintena han conseguido
abandonar el recinto en estos casi dos años. Hoy, de los 171 que quedan, a 89
se les ha aprobado la transferencia a su casa o un tercer país. Pero siguen en
la isla. La Administración carece de prisa por acabar, en la mayoría de los
casos, con diez años de confinamiento.
“Mi abuela
me preguntó qué hacía yo trabajando en un lugar donde encarcelan a musulmanes”,
confiesa Ramzi Kassem, de origen libanés, profesor de la Escuela de Derecho de
la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y defensor desde el año 2006
de una docena de detenidos. Ha viajado 40 veces a Guantánamo, al principio cada
dos meses. “Viví en Iraq, en Siria, en Jordania, países donde vi cosas de
regímenes totalitarios que también estoy viendo aquí”. Kassem entiende y
justifica el desengaño con el presidente Obama, cuya elección en noviembre del
2008 incluso la celebró “la gente invisible” del penal de la vergüenza. Sin
embargo, y según este abogado y profesor, el presidente demócrata se ha
atrevido a ir más allá que el republicano.
“Obama no
sólo ha incumplido su promesas, sino que ha mantenido las políticas de Bush y
las ha expandido al hacerlas permanentes. Ha dado sentido de normalidad a
medidas que se supone que eran excepcionales”.
En esta línea, remarca, el presidente rubricó el primer día del año la
acta de autorización de defensa nacional. Esta medida permite, entre otras, la
detención, sin juicio, de supuesto sospechosos de pertenecer a Alqaeda o
aliados. Esta autorización refuerza la aprobada después del 11-S.
Amnistía
Internacional ha elaborado un documento para el décimo aniversario de
Guantánamo cuyo título evidencia la denuncia: Una década de daño. No habían
pasado ni dos meses de la orden de George W. Bush cuandop sus asesores le
presentaron “la localización apropiada” para mantener encerrados a los
detenidos en la guerra contra el terror.
Allí
enviaron a todos aquellos -algunos después de pasar por otro lugar para la
infamia: Bagram, en Afganistán- que el Gobierno calificó como “lo peor de entre
lo peor”. No tenían nombre. Simplemente se les consideraba “enemigos
combatientes”. A ninguno se le dio la oportunidad de defenderse. Los soldados
estadounidenses capturaron a un porcentaje mínimo. La mayoría acabó detenida
por chivatazos de lugareños, que recibieron una gratificación económica.
Tuvieron que
pasar dos años para que, previa orden del Tribunal Supremo, se les reconociera
el derecho a recibir la atención de un abogado. Los “encarcelamientos
ejecutivos” de Bush no podían impedir la asistencia jurídica. El conflicto no
acabó ahí,Washington prosiguió pleiteando para tratar de cerrar esa puerta. El
máximo tribunal zanjó el asunto en el 2008.
Pese a esa victoria, los detenidos han seguido residiendo en un limbo legal.
Obama hizo campaña en contra del penal y el propio Bush empezó a ver las cosas
de otra manera con el tiempo.
En sus
memorias, publicadas en el 2010, defiende la apertura del presidio en
Guantánamo. Pero matiza que, al iniciar su segundo mandato en el 2005,
comprendió que “se había convertido en un arma de propaganda para los enemigos
y una distracción para los aliados”. Su apuesta era la de encontrar la mejor
manera que condujera a su cierre.
Guantánamo
continúa y como reconoce Ramzi, “no se vislumbra el final”. Obama ha incumplido
su promesa. Fracasó en su intentó -porque se lo bloqueó el Congreso- de
trasladar a los detenidos a territorios estadounidense. Ni siquiera ha logrado
que el autoproclamado cerebro del ataque a las Torres Gemelas, Jalid Sheij
Mohamed, sea juzgado por un tribunal civil en Nueva York.
“La
administración Obama dice que no es por su culpa, que si los republicanos, que
si esto, que si lo otro. pero el problema es Obama, que debería llevar a esas
personas a juicio a liberarlas”, sostiene Leili Kashani, del Center for
Constitucional Rights. “Es inaceptable -proclama-, como lo es que haya
incrementado el bombardeo con los drones”.
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